Tras un análisis del caso de Roxana Ruiz Santiago, la joven que asesinó a su violador en defensa propia, la Fiscalía del Estado de México informó que queda exenta de la responsabilidad penal.

El titular de la dependencia, José Luis Cervantes Martínez, ordenó desestimar del ejercicio de la acción penal en contra de la joven, es decir retiró la acusación por el homicidio en contra de su presunto agresor.

Ello, explicó, en concordancia a lo dispuesto por el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo que solicitó audiencia para que el Juez correspondiente resuelva lo conducente.

Luego de conocerse la sentencia de condena emitida el 15 de mayo por el Tribunal de Enjuciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl en contra de Ruiz Santiago, considerada responsable del delito de homicidio y por la que se le impuso una pena privativa de libertad de 6 años 2 meses, colectivas feministas y familiares organizaron una protesta en contra de la notificación.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera que buscaría dar un «indulto» a la mujer, por lo que ella expresó en una protesta que no lo aceptaría pues sería reconocer la culpa de un delito que no cometió, caso por el que además nunca se le consideró como víctima.

El fiscal del Estado de México instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de los delitos Vinculados a la Violencia de Género, atraer el caso para su subsecuente análisis bajo los parámetros metodológicos que deben tomarse en cuenta cuando se encuentran involucrados sujetos de grupos vulnerables.

Dicha autoridad concluyó que actuó en legítima defensa, circunstancia que constituye una causal de sobreseimiento tal y como lo dispone el artículo 327 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Roxana Ruíz es una mujer originaria de Oaxaca, quien tras sufrir un asalto sexual actuó en legítima defensa y denunció que al dar a conocer el caso no se le realizaron las pruebas pertinentes para comprobar la agresión.

Después se le impuso una pena por el delito de homicidio y se le prohibió salir del Estado de México y CDMX. Debía llevar su proceso en libertad acudiendo periódicamente al Centro Estatal de Medidas Cautelares, hasta que el 15 de mayo pasado le dictaron sentencia de 6 años y 2 meses de cárcel.